(Fuente: EFE / La Patilla) El régimen de Nicolás Maduro ha rechazado la más reciente explotación petrolera autorizada por el gobierno de Guyana en una área marítima aún sin delimitar que mantiene una disputa territorial con Georgetown por una zona que rodea los 160 mil kilómetros cuadrados.
Nicolás Maduro expresó su «categórico rechazo» a través de un comunicado ante “el inicio de la producción de petróleo por parte de la Plataforma Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga, FPSO Prosperity, en el yacimiento Payara, en el bloque Stabroek, ubicado en un área marítima pendiente por delimitar”.
Maduro asegura que esta acción contradice el derecho internacional público y “se constituye en una nueva provocación por parte de un gobierno al servicio de la Exxon Mobil”, empresa vinculada con estas operaciones en la zona.
Con información de EFE
La posición del régimen de Nicolás Maduro
“Venezuela ha evidenciado esta ilegalidad -de manera documental- y comunicado repetidamente al Gobierno guyanés y la comunidad caribeña que tales acciones se están convirtiendo en el mayor foco de desestabilización en la región, socavando los intereses legítimos del pueblo venezolano”, prosigue el comunicado.
El régimen de Nicolás Maduro reiteró que no reconoce “efecto o derecho alguno producto de las concesiones que otorgue o haya otorgado (Guyana) en dichas áreas marítimas por delimitar”
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Venezuela advirtió este miércoles a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que “no reconoce su jurisdicción” para resolver la disputa territorial con Guyana y alertó de que “nada va a impedir” el referendo -no vinculante- convocado por Caracas para el 3 de diciembre, en el que decidirán si anexionarse o no el área bajo pleito.
Caracas reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero esas negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados, por lo que Guyana busca una solución a través de la CIJ.
