(Fuente: El Nuevo Herald / Alberto News) Los funcionarios que han sido detenidos por la campaña anticorrupción promovida por el régimen de Nicolás Maduro no solo vivían con un estilo de vida lleno de riqueza en un país hundido en la pobreza, sino que también estaban protegidos por agentes de inteligencia.
En los últimos anuncios realizados por el régimen de Maduro, se ha dado a conocer la incautación de dólares en efectivo, propiedades de lujo, aviones privados y más de 500 vehículo que estaban a la disposición de los 58 detenidos por la trama de corrupción de Pdvsa y otras empresas estatales.
Más allá de estos crímenes relacionados a la corrupción se añade a la lista una presunta red de prostitución conformada por modelos que acompañaban a los integrantes de la red, la mayoría cercanos al exministro Tareck El Aissami.
Con información de El Nuevo Herald
En el más reciente descubrimiento, documentos filtrados muestran que varios de los personajes arrestados eran protegidos por agentes acreditados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), temido cuerpo policial investigado por organismos internacionales por su participación en crímenes de lesa humanidad.
Las credenciales del servicio de inteligencia
En una misiva dirigida a los comandantes de regiones del organismo el 29 de marzo, el Director General de la DGCIM, Ivan Hernández Dala, ordenó recoger acreditaciones que habían sido otorgadas a algunos de los escoltas. “Todas aquellas acreditaciones otorgadas al personal de fuerzas no profesionales como ‘AGENTES ESPECIALES’ (AD-HONOREM) y las acreditaciones con ‘JERARQUÍAS’ que no sean profesionales de carrera a partir de la presente fecha quedan derogados hasta la emisión del nuevo carnet de identificación que será en el mes de JUL23 por lo que se ORDENA la recolección de los mismos en todas las dependencias a nivel nacional y posterior remisión a este Despacho lo antes posible”, ordenó Hernández Dala.
Hernández Dala justificó la orden a la necesidad de retirar las credenciales que ya estaban circulando para otorgar los nuevos documentos.
Pero fuentes familiarizadas con la situación dijeron a el Nuevo Herald que la decisión fue tomada en el marco de la cruzada anticorrupción del régimen, denominada Operación Caiga quien Caiga. “Resulta que todos los escoltas que estaban por allí regados eran de la DGCIM”, dijo la fuente que habló bajo condición de anonimato. “Por eso fue que mandaron a recoger todas las credenciales”.
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Los arrestados vivían en la opulencia en medio de la crisis humanitaria que aflige a gran parte de la población venezolana. Años de corrupción y de políticas económicas destinadas a castigar al sector privado han llevado a la economía venezolana a perder más del 80% de su Producto Interno Bruto y a provocar una feroz crisis humanitaria en lo que décadas atrás era uno de los países más ricos de América Latina.
Hasta el momento se desconoce el paradero de El Aissami, quien hasta inicios de marzo era visto como uno de los más importantes aliados de Maduro.
El ex vicepresidente renunció de su cargo a través de Twitter cuando comenzaron los arrestos, pero hasta el momento no ha aparecido en público. La situación ha sido diferente para sus colaboradores arrestados, quienes semanas atrás disfrutaban de grandes fortunas, pero que ahora son presentados en imágenes de la televisión estatal vistiendo las mismas bragas de color naranja que utilizan los presos en Estados Unidos.
Entre los arrestados figuran funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela, de la organización que regula las criptomonedas, un diputado chavista, y un elevado número de empresarios que trabajaba con ellos. Uno de éstos es Álvaro Pulido, socio del presunto testaferro de Maduro Alex Saab, quien está arrestado y enfrenta un juicio en Miami por cargos de lavado de dinero.
El propio Maduro aparece en ocasiones ante las cámaras para anunciar los últimos detalles de las redadas. El fin de semana anunció que más de 500 vehículos y camionetas habían sido confiscadas y que estás serán entregadas a organismos policiales para labores de patrullaje.
Informes de prensa preliminares estiman que al menos $3,000 millones han desaparecido de PDVSA a través de ventas paralelas de petróleo cuyos recaudas eran presuntamente embolsillados por los integrantes de la red de corrupción, pero informes que surgieron posteriormente afirman que el monto podría ser aún mayor.
El esquema de corrupción hacía uso de las operaciones con criptomonedas empleadas por el régimen para esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la venta de petróleo venezolano.
