(Fuente: Efecto Cocuyo) Una comisión de la Asamblea Nacional Chavista ha presentado un balance en el cual se implica al menos 18 dirigentes de la oposición venezolana de traición a la patria por haber solicitado las sanciones que ejecutó el gobierno de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro.
La comisión especial, que investiga las consecuencias de dichas sanciones, está conformada principalmente por el primer vicepresidente del parlamento, Pedro Infante, quien acusó a Juan Guaidó, David Smolansky, Freddy Guevara, Yon Goicoechea, Maria Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, Tomás Guanipa, Carlos Vecchio, Antonio Ledezma, Elías Matta, Miguel Pizarro, Gustavo Marcano, Juan Pablo Guanipa, Williams Dávila, José Guerra, Freddy Superlano y Luis Palacios.
Con información de Efecto Cocuyo
Los dirigentes de Vente Venezuela, María Corina Machado, de Primero Justicia, Henrique Capriles y de Voluntad Popular, Freddy Superlano, son candidatos a las elecciones primarias de la oposición convocadas para el 22 de octubre de 2023.
Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Chavista, este 20 de julio, Infante advirtió que la «lista es más larga» y que incluye además a abogados y exfuncionarios del gobierno interino de Guaidó, entre ellos Gustavo Tarre Briceño, José Ignacio Hernández, el exdirector de Globovisión, Alberto Federico Ravell y Horacio Medina.
Asamblea Nacional Chavista: ¿Cuáles son los delitos señalados?
Entre los «delitos» en los que supuestamente incurrieron los opositores señalados, de acuerdo con Infante, son traición a la patria, usurpación de funciones, asociación para delinquir, terrorismo y otros previstos en las nuevas leyes de Extinción de Dominio y Protección de Activos. Indicó además que cometieron «crímenes de lesa humanidad» al «pedir» sanciones que afectaron la inversión de recursos en áreas como la salud, de violar la Carta de Naciones Unidas y la Convención de Viena.
También mencionó a actores internacionales como el propio Trump y exfuncionarios estadounidenses como Elliott Abrams, además de el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro e instituciones como el Departamento del Tesoro y el Comando Sur de EEUU, a los que indicó, denunciarán ante instancias internacionales por el daño causado a la economía venezolana.
Infante pidió a la plenaria una prórroga de 30 días (la comisión fue creada el 13 de junio) para continuar con la investigación y presentar un informe final que aseguró, contendrá pruebas de lo señalado y acciones a proponer al resto de Poderes Públicos, especialmente la Fiscalía General que integra el Poder Ciudadano, para que inicie acciones penales.
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«Todo viene con pruebas como un comunicado de Vente Venezuela del 11 de mayo de 2020, en el que se solicita ‹gran operación de fuerzas concertadas para detener la tragedia de Venezuela› firmada por la responsable, coordinadora nacional, María Corina Machado, son declaraciones públicas que muchos intentan desaparecer de internet», resaltó el diputado del chavismo.
Movilización popular
Infante recordó además que Capriles pidió que continuaran las medidas de protección sobre la estatal Citgo que actualmente está bajo el control de la AN de 2015 y que el Parlamento con mayoría opositora realizó actos legislativos para designar juntas ad hoc en Pdvsa, Pequiven, Monómeros, Banco Central de Venezuela, además de Citgo, entre otras empresas y entes del Estado.
Propuso además que desde el Parlamento se organicen foros con el poder popular y los movimientos sociales en todo el país para dar a conocer los alcances de la investigación, señalar con nombre y apellido a los presuntos responsables y promover «la defensa de la soberanía nacional», contra las sanciones internacionales.
El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez calificó el balance preliminar de la comisión especial como «epistolario de crímenes» derivados de las acciones de Trump «y sus lacayos» dentro y fuera del país y concedió la prórroga.
